El Siglo de Vizcarra
El exgobernador de Moquegua, que venía de realizar una destacada gestión local con notables avances en materia educativa, no provenía del círculo limeño, ni tenía mayores vínculos con él y se planteó la pregunta que pocos se han planteado en el devenir republicano del Perú ¿por qué debo someterme a este orden de cosas?
En la sección prefacios y agradecimientos de su Historia del Siglo XX, el célebre historiador británico Eric Hobsbawm denomina "siglo corto" al periodo que se desarrolla entre el estallido de la Gran Guerra y la disolución de la Unión Soviética (1914-1991), y anuncia que sus páginas se ocuparán de esta etapa. Fue así como puso en blanco y negro algo que los historiadores ya sabíamos o intuíamos: que los siglos históricos no coinciden necesariamente con los cronológicos y que es posible que un evento relevante sea el encargado de abrir un siglo algunos años antes o después de que celebremos su llegada por todo lo alto con fuegos artificiales.
En los países del mundo ocurre lo mismo, los peruanos solemos decir que la república la proclamó San Martín en 1821, pero que el Estado peruano recién se organizó con Ramón Castilla desde su primera gestión (1845-1851). Asimismo, señalamos que Augusto B. Leguía nos introdujo al siglo XX desde 1919, con la modernización y expansión de las instituciones y servicios estatales que implementó, mal que nos pesen los temas que lo vinculan a la corrupción y el autoritarismo.
Con la fuga de Alberto Fujimori y la recuperación de la democracia el año 2000, tuvimos la gran oportunidad de ingresar al nuevo milenio por la puerta grande, oportunidad tanto más grande porque los primeros años del siglo XXI vinieron acompañados de una gran bonanza económica. Esta fue impulsada por el espectacular crecimiento en la demanda de materias primas de la emergente China y nos colocó en la posición de aplicar reformas de segunda generación, esto es elevar sustancialmente la calidad y alcance de los servicios y la infraestructura del Estado.
Sin embargo, la explosiva combinación del esquema de corrupción de la brasilera Odebrecht, coludida con varias empresas peruanas, junto a unas clases empresarial y política nativas que dieron por sentado que el aumento exponencial de los recursos del Estado constituía la oportunidad perfecta para el saqueo sistemático de sus arcas en su propio beneficio, nos dejaron plantados en el año 2000 y de allí no avanzamos más. La liberación de leyes laborales, las facilidades para la inversión, la reducción del tamaño del Estado, la venta de empresas públicas que se realizaron con discutible suceso la década de 1990, también salpicada de harta corrupción, no dieron pie a que ningún gobierno posterior dé los siguientes pasos y reforme el Estado.
Las razones, finalmente, hoy nos parecen obvias. Hay un modus operandi limeño -poderes fácticos les llaman- que ha generado, hace décadas, un círculo de corrupción del que la clase política limeña o alimeñada es cómplice y del que no podemos salir. Por cierto, las autoridades regionales y provinciales no se quedan atrás, cada uno considera que el cargo público que ejerce es la gran oportunidad de hacer fortuna con los recursos de todos y así ad infinitum.
Pero llegó Martín Vizcarra, casi de carambola y una serie de elementos no previstos cambiaron el orden de los acontecimientos. Tal vez el principal es que el exgobernador de Moquegua, que venía de realizar una destacada gestión local con notables avances en materia educativa, no provenía del círculo limeño, ni tenía mayores vínculos con él y se planteó la pregunta que pocos se han planteado en el devenir republicano del Perú ¿por qué debo someterme a este orden de cosas?
Y lo cierto es que Vizcarra no se sometió y el resto es historia conocida. Al estallar el escándalo de los cuellos blancos del puerto, el nuevo mandatario inició una cruzada anticorrupción de absoluto desafío al estatus quo y nos llevó a Referéndum Constitucional en diciembre de 2018 para iniciar la ejecución de las reformas política y judicial. Luego vino la hora más difícil, los poderes fácticos hicieron del Congreso, de mayoría fujimorista, una trinchera para la resistencia de sus intereses y su modus operandi, hasta que el Congreso se cerró en septiembre de 2019 y hoy tenemos en funciones otro que, al menos, no parece la mesa de partes de dichos poderes, ni de un status quo que apaña el desfalco de los recursos del Estado en desmedro del desarrollo de la sociedad, principalmente de sus sectores más vulnerables.
La tercera prueba del presidente Vizcarra, es la crisis generada por la pandemia del Covid-19. Son varias las lecciones. La primera es que mientras el status quo limeño saqueaba el erario público y nos vendían el cuento de que éramos el país que derrotó la pobreza, los servicios de salud del Estado se caían en pedazos. Si algo hemos presenciado los peruanos estas semanas es al gobierno organizando lo que no estaba organizado, de allí la feliz idea de usar las torres de la Villa Panamericana para habilitar tres mil camas y atender a los enfermos. No nos engañemos, el gobierno no tiene la cura mágica para el Covid-19, lo que ha hecho es tomar las riendas del país para enfrentar la crisis de manera organizada e intentar que los pacientes que requieran respiradores no superen el número de dispositivos disponibles y así. Lo demás depende de nosotros, de que nos quedemos en casa.
El covid-19 pasará y quedará el ejemplo de cómo se administra un Estado, partiendo de la premisa de que hemos comprendido perfectamente que lo tuvimos en el más completo y absoluto abandono. Pasada la crisis, el Estado podrá seguir administrándose de esta nueva manera, es decir con una fiscalización permanente del Poder Central hacia los servicios e infraestructura estatales a nivel nacional, en coordinación con las autoridades regionales y con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales.
Si hacemos costumbre de la actual actuación del gobierno y manejamos al Estado habitualmente así, y a ello le sumamos profundas reformas políticas y judiciales, la total renovación de la clase política, la interrupción de los círculos de desfalco del erario público generados desde los poderes fácticos -ojo AFPs- estaremos listos para levantar una infraestructura estatal, así como para ofrecer servicios de salud y educación de acuerdo con los estándares del siglo XXI.
Esta es la gran posibilidad que hoy estamos labrando, la de entrar al siglo XXI y salir, por fin, del pantanoso siglo XX. Si llegase a concretarse, lo cual dependerá mucho del próximo gobierno, habremos ingresado al siglo XXI histórico, inaugurado por un presidente, que a diferencia de casi todos los demás, no fue electo como tal pero tampoco llegó a Palacio a balazos, así habremos inaugurado el Siglo de Vizcarra.