En 1979, a propósito de la aparición de la 2da edición de Perú, Problema y Posibilidad, de Jorge Basadre, Franklin Pease escribió que el célebre historiador tacneño “nos recuerda que construir el Perú es una tarea dura, que debe rehuir los totalitarismos mentales y prácticos, unilineales en su diaria tarea. Si quiere buscarse un éxito posible, quienes tengan el poder deberán confiar en la integración de la mayoría de la población a la vida cívica y a la tarea de construcción de la república”1

En efecto, la consolidación de la república peruana, a menos de dos años de celebrar su Bicentenario, es aún una tarea pendiente y los acontecimientos del pasado 30 de septiembre nos lo gritan a viva voz, como si pugnasen por ser conocidos, analizados y debatidos hasta en los confines más recónditos de la patria. Lo cierto es que pocas veces se han presentado coyunturas en las que fue posible hallar el punto de inicio para la construcción de una democracia funcional y auténtica, basada en el óptimo funcionamiento de sus instituciones, y en desmedro de viejas prácticas antirrepublicanas como, el patrimonialismo, el clientelismo, el autoritarismo y la corrupción. Repasaré tres de estas coyunturas, las más recientes.

La primera república democrática (1980-1992)

La primera nos remite al año 1980, en el marco de la Constitución de 1979, cuando el Perú recuperó la democracia, luego de 12 años de dictadura militar. Si de instituciones republicanas se trata, el Perú las tuvo como nunca antes entre 1980 y 1992. En primer lugar, tuvo partidos políticos de alcance nacional, los más importantes Acción Popular, el APRA, el PPC y el frente Izquierda Unida. De esta manera, los congresos de entonces dividieron la representación nacional en los clásicos tres tercios que conocemos desde la Convención y la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa: a la derecha el PPC, en el centro-derecha Acción Popular, en el centro-izquierda el APRA, y la izquierda socialista representada por IU.

Lo dicho es relevante, pues, salvo el periodo de la República Aristocrática (1895-1919), cuando aún votaba una minúscula porción de la población, y el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde (1963-1968); el siglo XX no nos ofreció ningún otro periodo con una democracia cuyo principal protagonista fuese el que debía ser, es decir, el partido político. Sin embargo, la galopante crisis económica, los frustrados gobiernos de AP y después el PAP, y el telúrico telón de fondo de la violencia terrorista fueron aprovechadas por el entonces presidente y outsider Alberto Fujimori y su siniestro asesor Vladimiro Montesinos para perpetrar un golpe de estado el 5 de abrir de 1992, acabando con la primera república democrática que, más allá del duro contexto en el que se desarrolló, fue, al nivel de sus instituciones, la única hasta ahora digna de llamarse tal.

La república sin partidos 2000 - 2018

La segunda coyuntura inicia con la fuga y defenestración de Alberto Fujimori en septiembre de 2000 y la consensuada nominación congresal de Valentín Paniagua como presidente de transición, para organizar nuevas elecciones y transferirle el mando, el 28 de julio de 2001, a quien resultase elegido. La responsabilidad recayó sobre Alejandro Toledo. Su nominación fue emblemática: el amplio apoyo popular que lo encumbró hasta la primera magistratura de la nación se debió a que lideró la oposición a la dictadura de Fujimori, razón por la cual, fue víctima del ataque frontal de toda la maquinaria del estado, medios de comunicación incluidos, puestos al servicio del gobierno de facto.

Con esos pergaminos, se esperaba que Toledo continuase la “purificación de la república”, luego del fango fujimontesinista que el Perú constató asombrado al ver las transmisiones de los vladivideos, en los se observaba a Montesinos sobornar políticos, empresarios y dueños de televisoras con millones de dólares, en fajos de a cien, colocados sobre la mesa de la salita del SIN. Sin embargo, la corrupción no fue una invención del fujimorismo: es parte de nuestra cultura política, es la manera como la sociedad se relaciona con el Estado. Odebrecht, básicamente, puso en evidencia el gran problema latinoamericano. No es por ello casualidad que ni un solo mandatario o funcionario de los países adheridos al sistema de sobrecostos de obras a cambio de coimas de la empresa brasilera haya denunciado este brutal desfalco del tesoro público de nuestros países. No, no fue así, Odebrecht tuvo que chocar con el tesoro norteamericano para que estallase el escándalo. De lo contrario, hasta hoy le seguiríamos pagando millones de millones en obras sobrevaloradas, negándosele así, a nuestros pueblos, sus anheladas  oportunidades de desarrollo.

Lo que continuó es historia conocida. En líneas generales, durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala, el esquema de corrupción de Odebrecht, y otras empresas brasileras, continuó aplicándose con total impunidad hasta el 21 de diciembre de 2016, cuando la justicia norteamericana dio a conocer a la comunidad internacional la magnitud de esta red de corrupción que alcanzaba varios países latinoamericanos, incluido el Perú. Así terminó de colapsar una larga transición democrática en la que, aunque mantuvimos las elecciones como mecanismo de nominación de las autoridades del Estado, no tuvimos partidos políticos dignos de llamarse tales, ni, mucho menos, mecanismos eficientes de lucha contra la corrupción.

La república en veremos 2018 y 2019 

La tercera coyuntura propicia para sentar las bases de una república democrática se inicia con el Mensaje a la Nación pronunciado por el Presidente Martín Vizcarra el 16 de septiembre de 2018, en donde presenta cuestión de confianza sobre cuatro reformas constitucionales, de las cuales tres fueron refrendadas en referéndum tres meses después. De todas, la emblemática fue sin duda la propuesta de no reelección de congresista que, aunque muy discutida por los especialistas, se entendió como una sanción moral al desempeño obstruccionista de la mayoría fujimorista, la que, con apoyo de la bancada aprista, logró hacer del nuestro un país ingobernable.

En paralelo con las reformas políticas y del sistema de justicia propuestas por Vizcarra, el equipo anticorrupción de la Fiscalía de la Nación dio pasos insospechados en la lucha anticorrupción alcanzando a los últimos cuatro presidentes de la república, una exalcaldesa de Lima y a los grupos inmobiliarios más poderosos del país. De esta manera, el Poder Ejecutivo, la Fiscalía de la Nación y la sociedad civil organizada, empujaron la lucha anticorrupción al punto que, en su desesperación, la mayoría congresal fujiaprista forzó la toma del Tribunal Constitucional en búsqueda de recuperar la impunidad perdida. El resultado de este enfrentamiento fue el cierre del Congreso del 30 de septiembre que le ha otorgado a la lucha por la institucionalidad democrática una posición de ventaja frente a sus adversarios los que, sin embargo, han resistido tenazmente, y están lejos de claudicar en su defensa de un status quo laxo ante la corrupción, el patrimonialismo, el tráfico de influencias y el peculado en agravio del Estado.

Notemos algo en las últimas líneas de este repaso histórico: las dos primeras coyunturas favorables a la posibilidad y adversas al problema -estoy parafraseando a Basadre- colapsaron. Resulta, reitero, que la corrupción es la manera como la sociedad entiende al Estado y se vincula con él. Pensemos solo en el “diezmo” que exigen la gran mayoría de alcaldes al ganador de la licitación de una obra, y que le fue otorgada probablemente previo arreglo bajo la mesa; recordemos además que dichos concursos se abren por dos o tres días, con una enorme lista de requisitos por cumplir, con lo cual, toda la ventaja la tiene el postulante que conocía de antemano las bases del concurso. Tengamos en cuenta, además, el exceso de consultorías, algunas necesarias, pero muchas otras no, y que constituyen una suerte de “corrupción dentro de la ley” pues en efecto no se viola ninguna, por más que la consultoría resulte, al fin y al cabo, totalmente inútil.

Concluyo por donde comencé, el Perú sigue siendo mucho más un problema que una posibilidad. Las victorias parciales del proyecto institucionalista de Martín Vizcarra constituyen la base para encontrar, apenas, una nueva posibilidad para resolver el enorme problema de construir una república auténticamente democrática. Aún si finalmente se dicta sentencia condenatoria contra las autoridades, políticos y empresarios que hoy vienen siendo investigados, no habremos dado más que un paso simbólico. Si el congreso del 2020 logra perfeccionar las reformas política y judicial, pervertidas por la ex-mayoría fujimorista, y si en las elecciones de 2021 elegimos buenos representantes, entonces recién podremos decir que comenzaremos a explorar lo que hay debajo de la superficie visible del iceberg de la corrupción en el Perú. Luego de ello, sólo con dos décadas de trabajo continuo, podremos quizá hablar de una república sólida, sobre férreas bases institucionales que garanticen el desarrollo material y espiritual de todos y todas los peruanos y peruanas.

1 La cursiva es nuestra