Hace dos décadas, sino más, el salsero Joe Arroyo estrenó La Guerra de los Callados, tema que trataba el enfrentamiento de su país, Colombia, contra los cárteles de la droga, el más sanguinario el de Medellín, con su tristemente recordado cabecilla Pablo Escobar Gaviria. El tema de Arroyo habla de una guerra que abarca todo y a todos. “Los callados”, refiere metafóricamente los miles de ejecutados por las bandas de narcotraficantes, cuyos cuerpos aparecían por doquier, ellos ya no podían decir nada, su silencio los acompañó hasta la eternidad.   

La guerra política que hoy libra el Perú es muy distinta. Para empezar, es una guerra cuya única víctima mortal se quitó la vida él mismo. Sin embargo, sí es una conflagración que ha alcanzado a los intocables de antes, a políticos de primera línea, líderes de organizaciones y partidos, así como a empresarios y empresas que durante décadas disfrutaron plácidamente de la más absoluta impunidad. Para ello, contaban y aún cuentan con muy leales esbirros en el sistema judicial, todos al día en el recibo de jugosas coimas para blindar actividades ilícitas y evitar que cualquier iniciativa purista interfiriese con negocios que abarcan desde el narcotráfico hasta los sobrecostos de obras públicas, que han drenado las arcas del Estado y destruido las esperanzas de progreso de millones de peruanos.

Sin embargo, los audios de los “cuellos blancos” del puerto expusieron redes de corrupción que abarcan desde lumpenescos y achorados narcos hasta enternados y estrambóticos jueces y fiscales, pasando cómo no, por una variopinta pléyade de políticos impresentables. Estos hechos empoderaron a un minúsculo grupo de fiscales anticorrupción y jueces que comenzaron a hacer lo que hacía tiempo no se hacía: impartir justicia con los ojos vendados. Sirvió de sostén a esta cruzada -que, por osada, valiente y alucinada, tiene mucho de quijotesca- que el inesperado gobierno de Martín Vizcarra apoyase la lucha anticorrupción y plantease, al mismo tiempo, las reformas judicial y política.

Debo reconocer que fue un error de mi parte, no imaginarme una resistencia de la corrupción tan abierta como descarada y férrea, la que ha llevado a la situación de entrampamiento político en la que nos encontramos. La contraofensiva de los otrora impunes y hoy afectados por la política del gobierno y la fiscalía anticorrupción ha mostrado diferentes estrategias. Una de los más visibles es invertir las cosas y presentar al gobierno de Martín Vizcarra como corrupto y al fujimorismo, apoyado por los restos del APRA (César Hildebrandt dixit), como las víctimas de una persecución política digna de las peores dictaduras de las que, por desgracia, conoce mucho América Latina.

Desde mi posición de opinador -prefiero ese vocablo, al de opinólogo- es obvio que no puedo poner las manos al fuego por nadie y creo que nadie sensato lo haría en circunstancias en las que hasta al que cantó eso de que “con cinco lucas se compra un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados”, le cayó un palo verde de Vladimiro Montesinos, según lo que él mismo declaró en una recordada edición de la revista Caretas. Sin embargo, hay elementos de sentido común que me hacen distinguir claramente -como lo hace también el 80% de los peruanos- que, en esta guerra de acusaciones fantásticas, de lastimeros llantos de esposos afligidos y de alaridos destemplados en contra de la corrupción proferidos por quienes más comprometidos están con ella, hay dos bandos bien definidos: el que quiere barrer con esta obscena y desparpajadamente corrupta pseudo-clase política adelantando un año las elecciones; y el que quiere mantener sus posiciones el mayor tiempo posible para desmantelar lo que se ha avanzado -poco o mucho- en la lucha anticorrupción y la reforma del Estado.

Los detractores del Presidente Vizcarra dicen que es corrupto, pero lo cierto es que él no tiene problemas en irse un año antes con lo cual perdería la inmunidad presidencial y podría ser juzgado por todos los delitos que se le imputan. En cambio, en la vereda del frente, decenas de congresistas protagonizan un lacrimoso griterío para prolongar la agonía política del país hasta el año 2021 y, en el ínterin, tumbarse los esfuerzos de fiscales como José Domingo Pérez y Rafael Vela por legarnos una política un tanto menos pestilente que la que vemos desfilar cada noche en los programas de entrevistas. La manera descarada como la oposición al proyecto de adelanto de elecciones del Presidente Martín Vizcarra defiende un orden de cosas que hiede a corrupción, no deja de asombrarme a mí y a millones de peruanos, y eso es bueno, habla bien de nosotros, indica que hay una base de decencia que está llena de esperanzas.

Mientras tanto, tengo muy claro que bando debo apoyar en la guerra de los gritos. ¿tú no?

p.d. Se vienen los #codinomes Chalán, Pastor Alemán, Sipán etc … ¿seguirá resistiendo la telaraña?

Historiador Daniel Parodi Revoredo