En una nota anterior comenté que transcurrieron 200 años entre las reformas de Solón -que transitaron desde el gobierno de la nobleza al de los más pudientes- y las de Pericles, que finalmente democratizaron el gobierno de la Polis ateniense. Atenas, al igual que Roma, no se hizo en un día. 

En el Perú, los problemas estructurales son tantos que es difícil establecer los más graves o urgentes. La manera de vincular el fenómeno de la informalidad con el ideal republicano de los padres fundadores de la Independencia -San Martín, Bolívar, Sánchez Carrión etc- es sólo uno de tantos desafíos cuyo debate recién va a iniciarse, a dos años del Bicentenario.

Es en ese contexto que debemos discutir las reformas judicial y política que busca implementar el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Por ello, no espero que ests propicien una notable transformación de una sociedad que requiere décadas de reformas continuas para encaminarse hacia el desarrollo económico y hacia instituciones democráticas más sólidas que aquellas que hoy, debido a su mal funcionamiento, ocupan el centro del debate público.

El contexto que refiero se desarrolla en medio de una dura confrontación entre los sectores reformista y conservador de nuestra política. Este último, quisiera que las cosas permanezcan como están. Decodifiquemos su postura: la larga coyuntura de crisis política que afronta el país ha sido caldo de cultivo para que se relacionen sinérgicamente un importante sector de la representación nacional -políticos- con intereses privados que buscan su influencia para facilitar sus operaciones a cambio de coimas, o, más directamente, con bandas delincuenciales asociadas al tráfico de drogas u otras actividades ilícitas. Este es el statu quo que se busca preservar.

Al día de hoy, una contundente mayoría relativa -Fuerza Popular + PAP- todavía impone condiciones en el Congreso y realiza denodados esfuerzos por desmontar el endeble andamiaje reformista erigido por el poder Ejecutivo. Por eso, desde que la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la congresista fujimorista Rosa Bartra, comenzó a debatir la versión reducida del paquete de reformas que le remitiera el Primer Ministro Salvador del Solar, comprendí que de la Plaza Bolívar sólo obtendríamos una versión aún más reducida y desnaturalizada de dichas reformas.

Sin embargo, en lo que se equivocan los agoreros del fracaso del proyecto reformista en curso es en plantear que éste se agota entre los meses de julio de 2019 y 2021. Al contrario, la permanente puja entre los poderes Ejecutivo y Legislativo dará a la luz una reforma política acotada pero que servirá para iniciar el periodo 2021-2026 sobre bases institucionales más sólidas y con el pleno convencimiento ciudadano de que dichas reformas deben revisarse y continuarse en el corto, mediano y largo plazo. De este modo, superaremos gradualmente el flagelo de la corrupción enquistado en nuestra política y, al mismo tiempo, fortaleceremos paulatinamente las instituciones del Estado. 

La voluntad de abrir el telón es el legado del presente gobierno, tanto como la gestación de una voluntad ciudadana favorable al cambio y dispuesta a movilizarse para impulsarlo. Las reformas política y judicial que hoy se debaten constituyen apenas el primer paso. Durante los próximos gobiernos, los nuevos partidos políticos y la sociedad civil deberán seguir impulsando el fortalecimiento de las instituciones democráticas para hacer de este proyecto republicano uno cada día más justo, transparente y equitativo.

Historiador Daniel Parodi. Docente en Universidad de Lima y PUCP