El año pasado definí nuestra actual coyuntura política como una guerra porque sus protagonistas no solo defienden sus posturas, eventualmente sus intereses, sino que también buscan la eliminación del contrario. No podía ser de otra manera, desde que estalló el escándalo Lava jato y el de los Cuellos Blancos del Puerto, avanzar en la lucha contra la corrupción supondría, deliberadamente o no, la continua pérdida de posiciones de políticos vinculados con ella, y, colateralmente, la los partidos en la que estos militan.

En esa etapa, a la que quiero nombrar la campaña judicial, se enfrentaron el equipo anticorrupción de la Fiscalía de la Nación, más algunos jueces honorables, contra políticos poderosos, líderes de organizaciones importantes como Fuerza Popular o el APRA. Está claro que ni el trasnochado ardid del ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarri, de destituir a los Fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez la víspera del año nuevo, pudo evitar la prisión preventiva de Keiko Fujimori, ni la orden de captura sobre Alan García, de trágico desenlace.

También está claro que ni por asomo la referida campaña judicial ha concluido: no solo falta avanzar las investigaciones en contra de los miembros del Club de la Construcción, sino, lo fundamental, implementar una lucha anticorrupción de largo aliento para disminuir las malas prácticas diseminadas por todo el aparato del Estado, empañando la esencia misma de la función pública. No obstante, sí se ha logrado, con una nueva Fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ávalos, y con los recursos recientemente transferidos al referido equipo anticorrupción, que este comienza a pisar terreno firme. Solo entonces el Poder Ejecutivo recupera iniciativa y se lanza en busca de una reforma política, compuesta por 12 propuestas, planteadas al poder Legislativo.

La Reforma Política planteada por el ejecutivo, da inicio a la campaña republicana, o segunda etapa, de una guerra que comenzó cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski asumiera funciones el 28 de julio de 2016. Entonces la consigna de demoler al Ejecutivo ordenada por Keiko Fujimori a su hiper-mayoritaria bancada tuvo extraños resultados. En realidad, la única victoria de Fuerza Popular fue lograr la renuncia de Kuczynski, en todo lo demás el país asistió asombrado a una recatafila de errores consecutivos que acabaron con Keiko en la cárcel y su popularidad, y la de su movimiento, por los suelos.

Pero ahora viene la campaña republicana ¿de qué trata? pues de mejorar y reformar la ley de organizaciones políticas, tanto como la legislación electoral para que en el futuro no volvamos a tener tantos congresistas a los que sólo conocemos cuando un juez ordena su detención o dicta sentencia en su contra. En realidad, la reforma trae mucho más que eso: apunta a que los partidos políticos dejen de ser infiltrados por organizaciones ilícitas para delinquir y que se conviertan en instituciones saludables, en las que se ejercite la ciudadanía bien entendida y se elija democráticamente a sus dirigentes y candidatos a cargos públicos. También se trata de financiar la formación de cuadros para poder ilusionarnos con la posibilidad de contar con representantes un tanto más cívicos y comprometidos con el servicio público que el inefable Moisés Mamani.

¿Por qué creo que la mayoría relativa de Fuerza Popular en el Congreso hará hasta lo imposible por tirarse abajo la reforma política, contando para ello con el infaltable apoyo de la bancada aprista (lo cual es una lástima)? Porque aprobarla sería como lanzar piedras en contra de su propio tejado. Una organización de las características de la fujimorista sólo puede desarrollarse en el fango del clientelismo, el autoritarismo y la más absoluta informalidad. Representa; no lo olvidemos, a las malas prácticas enquistadas en el Estado (no exclusivamente, es verdad) y premia al factótum provinciano, producto de dicha informalidad, cuando no del contrabando, el narcotráfico, la tala ilegal, la minería informal, entre otras actividades ilícitas- Y esto ocurre porque NO TENEMOS CLASE POLÍTICA PROFESIONAL. 

Entonces, si implementamos reglas del juego institucionalistas y republicanas en nuestra política, dentro de las cuáles el principal protagonista resulte ser el cuadro político profesional -formado para la gestión pública dentro de su partido y fuera de él- dejaremos fuera de juego, o en todo caso limitaremos, el campo de acción de los becerriles, mamanis, dipas, y demás personajes con presuntas malas prácticas.

Por esa razón, ni Becerril, ni Bartra, ni Vilcatoma, ni Mamani, ni Dipas – y siguen y siguen firmas- van a votar jamás una reforma cuyo propósito sea formalizar e institucionalizar la política, y democratizar a los partidos políticos. Entiéndalo Presidente Vizcarra, entiéndalo Premier del Solar, este Congreso saboteará la reforma política mientras pueda. Prueben pues, y pronto, con la #CuestiónDeConfianza, y si ni en esas circunstancias se encuentra respuesta positiva de la representación parlamentaria pues ya saben lo que tienen que hacer. Siempre podrán no hacer nada, y ver que pasa el 2021, pero entonces no habrá legado de este gobierno ni para el #Bicentenario, ni para la #HistoriaDelPerú.

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