Nos equivocamos el año 2000, cuando pensamos que la huida del dictador Alberto Fujimori a Japón, nada menos que en el avión presidencial, haciéndole creer al país que se iba de gira a Malasia, supondría, per se, el fin del potente movimiento clientelar que creó, tanto como de las culturas autoritarias y de la impunidad a las que revistió con ropajes contemporáneos y dejó expeditas para extrenarse en el nuevo milenio. Sólo faltaba el vehículo, en realidad fueron dos, muy funcionales a sus fines: la bonanza económica de la primera década del siglo XXI y una, o varias, empresas, brasileras para empezar, dispuestas a ejecutar un esquema de corrupción de funcionarios a cambio de la concesión de obras públicas ultra sobrevaluadas y en muchos casos inútiles o inservibles.  

Lo que Odebrecht le demostró a América Latina es que casi todo funcionario tenía precio, comenzando por sus altos dignatarios o líderes -y lideresas- de sus países y principales partidos políticos. Tanto resultó verdad esta premisa que el esquema no hubiese colapsado de no haber intentado proceder del mismo modo en Florida, Estados Unidos, solo que allí se toparon con el derecho anglosajón y los jueces gringos, y entonces estalló el escándalo como años antes, en análogas circunstancias y en el mismo país, estalló el de la FIFA.

Ya aquí en casa, mientras los sucesores de Fujimori le mostraban su mejor rostro a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, la semilla naranja encontraba el ambiente propicio para reproducirse. Keiko y Kenji recorrían el país disputándose las clientelas políticas de su padre, buscando fidelizar a las propias mientras que el ruido político, constante desde que Ollanta Humala asumiese el poder en 2011, nos impidió preocuparnos por las instituciones y en reformas fundamentales siempre postergadas como la política, la electoral y la judicial.

Y así creció la segunda ola naranja, de la mano de su carismática lideresa que perdió por un pelo su segunda postulación presidencial en 2016 ante un Pedro Pablo Kuczynski que jamás llegó a comprender por qué, desde que se puso la banda presidencial, sus días en el Palacio de Pizarro estaban contados y que, tal y como sucedió, se vería obligado a irse mucho antes de que concluyese su mandato. Keiko no le perdonó superarla en la segunda vuelta por 30.000 votos, pero eso fue lo de menos, el verdadero problema es que el fujimorismo obtuvo largamente la mayoría absoluta en el Congreso y recién entonces el Perú comprendió que en realidad nunca se fueron, sino que esperaban una nueva oportunidad.

Y el fujimorismo nos mostró lo que es y nunca dejó de ser a través de su bancada parlamentaria compuesta de personajes tan repugnantes como Moisés Mamani, el de “la mano del zas”, que es apenas una muestra de la absoluta miseria en la oferta de cuadros políticos del fujimorismo de siempre. Su mayoría congresal se mostró presta a la inconstitucionalidad, a aprobar leyes como la de medios de comunicación y a modificar el reglamento del Congreso en lo que se refiere a las bancadas parlamentarias para evitar un muy posible desbande de sus representantes toda vez que, al final del camino, no había Estado que repartir, apenas controlaban el Poder Legislativo. Por cierto, que el Tribunal Constitucional ya declaró la inconstitucionalidad de ambas medidas.

Pero las jugarretas de siempre fueron lo menos importante. Lo que en realidad le hizo comprender al Perú que el fujimorismo nunca partió, fue el implacable obstruccionismo desplegado en contra del gobierno que tornó al país absolutamente ingobernable. Salaverry, Letona, Becerril se olvidaron de hablar, solo vociferaban, gritaban, censuraban ministros, jamás bajaron el tono, jamás mostraron la más mínima preocupación por la marcha el país. Querían el poder a como dé lugar, eso era todo. Y es allí que supimos que no se habían ido y que nos habíamos librado de una buena. De ganar Keiko Fujimori las elecciones de 2016 el copamiento del Estado hubiese sido absolutamente total, vertical y autoritario; y con dicha mayoría, más unos cuantos más, que muy posiblemente hubiesen comprado como en el año 2000, hoy la Constitución ya estaría modificada, la reelección de Keiko el 2021 aprobada con pompas y platillos, y la ensoberbecida presidenta se encontraría recorriendo el país, como antes su padre, regalando títulos de propiedad, en anticipada campaña para la siguiente justa electoral con apoyo total de un Estado puesto a su servicio.

Pero pasaron cosas, renunció Kuczynski, asumió la presidencia Martín Vizcarra, y los audios de los hermanitos le ofrecieron la oportunidad al nuevo mandatario y al sector no contaminado del sistema judicial de dar un sorprendente golpe de timón, catapultados por el apoyo masivo de la población y la sociedad civil organizada. El fujimorismo entró en trompo, el chat de la Botica demostró que Keiko Fujimori obstruía la justicia y, conforme con el Código Procesal Penal de 2004, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó contra ella 36 meses de prisión preventiva. El país palideció, incluso la mayoría que apoyaba la medida: es que nunca se había visto una derrota tan contundente de la impunidad en el país.

Cierro con algunos detalles. Primero, el fujimorismo nunca se fue del país, y a diferencia de quienes piensan que ha vuelto, lo que ocurre es que está siendo derrotado por segunda vez. Segundo, el Fiscal Pedro Chávarri destituyó a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez la noche de año nuevo para que no concreten el acuerdo con Odebrecht que debía firmarse en una semana, el 11 de enero, y que, ojo, ya NO se firmará, al menos no en esa fecha. Es decir, la maniobra de obstrucción de la justicia de Chávarri - básicamente cómplice (a nuestro entender) de todos aquellos que quieren permanecer impunes frente a suculentas coimas con las que permitieron que el Estado pague el doble o el triple de nuestro dinero, de nuestras reservas, por obras que todos necesitamos, o lo que es peor, que nadie necesita- fue un éxito. Tercero, es debido a ese Fiscal de la Nación que el Poder Ejecutivo, en su búsqueda de encontrarle una solución a esta situación absolutamente perversa e irregular, presenta un proyecto de reorganización del Ministerio Público que, sin duda, debe ser perfeccionado por la representación congresal para que se ciña de manera rigurosa a lo que manda la Constitución Política del Perú.

Jamás volvió el fujimorismo al Perú, jamás de los jamases, el problema es que nunca se fue y vaya que se resiste a irse a pesar de que una nación entera se lo exige a gritos. Aquí cada quien escoge su bando, y el país lo sabe muy bien.

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