El 2018 nos deja dos cambios fundamentales: uno referente a la política y el otro a la justicia. Ninguno de ellos es tan radical como para sugerir que nuestra democracia se ha convertido en dictadura, ni que instituciones como la fiscalía y el poder judicial hayan adoptado horrendos esquemas totalitarios como los que imagina George Orwell en su célebre 1984.   

Por ello es necesaria una reflexión de fin de año sobre el proyecto político del presidente Martín Vizcarra para comprender que, sin quebrar las reglas del juego constitucional, está mejorando la performance de nuestra democracia. En tal sentido, la alianza entre el Presidente y la sociedad civil, refrendada multitudinariamente en el reciente referéndum, responde a la teoría neo-republicana del poder expuesta por el politólogo mexicano Sergio Ortiz-Leroux en su libro En Defensa de la República. Esta sostiene que cuando los poderes del Estado, todos o alguno de ellos, se alejan de la búsqueda del bien común, entonces el pueblo, a través de la sociedad civil organizada, interviene para realizar los cambios necesarios y reencarrilar a las instituciones por el camino correcto.

En el Perú, venimos de siete años consecutivos de ruido político, que en los últimos dos degeneraron en la más absoluta ingobernabilidad debido a la agobiante mayoría congresal de Fuerza Popular y a su sed de venganza ante lo que interpretaron como un despojo: su derrota electoral en junio de 2016. Tras la renuncia al poder del ex presidente Kuczynski, su sucesor, Martín Vizcarra, aprovechó la favorable coyuntura de los audios de los hermanitos del Callao para establecer una alianza con el pueblo. Así se inició la ejecución de una reforma en el sistema democrático que posiciona a la opinión pública como un actor potencial que sostiene al Presidente en su afán de recuperar la gobernabilidad del país. A ello apunta también la reforma del sistema política, cuya responsabilidad ha recaído sobre una comisión de destacados especialistas en el tema, encabezada por el reconocido polítólogo Fernando Tuesta Soldevilla.

La Justicia nos ofrece un panorama análogo. Desde el año 2004, con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, tanto fiscales como jueces obtuvieron una serie de herramientas para que la justicia, además de justa, pudiese ser inteligente. Es decir, que se imparta estratégicamente para derrotar a la corrupción enquistada en el sistema político. De allí que el destape de los audios de los referidos hermanitos devino en la ocasión perfecta para que el equipo anticorrupción de la fiscalía aplique las figuras de la prisión preliminar y preventiva contenidas en dicho código. Estas medidas parecen drásticas pues entendemos la presunción la inocencia como un derecho fundamental. Pero el Nuevo Código Procesal Penal busca evitar que políticos acostumbrados a obstruir procesos de corrupción en su contra y a comprar aliados entre los mismos fiscales y magistrados, se salgan con la suya como lo han hecho siempre.

Así, por ejemplo, para el caso de Keiko Fujimori, el chat de la botica fue interpretado como obstrucción a la justicia y la pena que se le aplicó -36 meses de prisión preventiva- logró que otro procesado, Jorge Yoshiyama, se allane de inmediato a colaborar con la fiscalía para evitar su propio confinamiento. A esto le llamo Justicia inteligente o estratégica. Su severidad, innegable, explica que, por primera vez en 200 años de vida republicana, la sociedad peruana le haya ganado algunas batallas a la corrupción. Al mismo tiempo, la completa reformulación del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura y su reemplazo por la nueva Junta Nacional de Justicia, aprobada en el pasado referéndum del 9 de diciembre, garantiza, en el futuro cercano, la transparente designación de fiscales y jueces de acuerdo con su idoneidad y trayectoria.

En síntesis, en el Perú no hay ninguna dictadura, ni democracia con toques dictatoriales. Al contrario, lo que estamos ejecutando es una reforma estructural al interior de los sistemas político y judicial para mejorar sustancialmente la performance de nuestra democracia, apuntar hacia el desarrollo socioeconómico y alcanzar los estándares institucionales que exige el mundo globalizado.

Twitter: @parodirevoredo