El Perú contemporáneo consiste en los desechos de un proyecto neoliberal que empezó a ejecutarse hace 28 años, que por un tiempo nos ayudó a acumular riquezas, pero que desbarató las instituciones -Estado y partidos políticos- sobre las cuales aquella bonanza falaz debió enrumbarse hacia el desarrollo.  

Por el contrario, bastó el relativo boato de las reservas estatales, que no dejaban de aumentar, para que se disparase, desenfrenada, la corrupción más escandalosa y que encontró en el movimiento fujimorista la metástasis política con la que intentar, una vez más, tomar el control absoluto del aparato estatal. Audio tras audio, ha colapsado el experimento populista-neoliberal peruano implementado desde la década de 1990 y de lo que se trata, en las actuales circunstancias, es de encontrar un nuevo inicio; comenzar desde otras bases.

En su sugerente libro titulado, En Defensa de La República, el politólogo mexicano Sergio Ortiz Leroux sugiere la idea de la #DemocraciaDisputable. Esta consiste en un esquema representativo pero sujeto al escrutinio público que, de requerirlo las circunstancias, le otorgue a “la sociedad civil moderna, capacidad de vigilar, transparentar, controlar y sancionar, desde su radical autonomía, los posibles abusos cometidos por cualquier estructura de poder”.

No se necesita discurrir mucho para notar que estamos ejecutando un proyecto político que le permitirá a la democracia consolidarse desde la sinergia entre gobierno y ciudadanía. Esto se hará realidad en la medida en que logremos consolidar un “nuevo contrato social” como resultado de una “nueva mayoría republicana en el conjunto de la sociedad y del gobierno” y que se expresará no sólo vía un referéndum, sino varios para así consolidar un régimen político sustancialmente distinto del actual.

El objetivo de esta alianza es redefinir el rol del Estado tornándolo fuerte, no en tanto que administrador de diversas empresas públicas, mas sí en tanto que fuerza “socialmente exigente y políticamente responsable” que cumple un papel decisivo en la “disminución de las asimetrías de poder y de riqueza” y que, por lo tanto, cumple “deberes sociales y políticos hacia la sociedad”.

Ese debe ser el horizonte al final del camino reformista emprendido por el Presidente Martín Vizcarra, en circunstancias en las que la desestructuración del proyecto neoliberal ha motivado que “los depositarios de hacer las leyes y de ejecutarlas pueden burlarlas con relativa facilidad sin recibir ninguna sanción o castigo público”, difundiendo “el mensaje implícito de que la ley vale para los demás pero no para mí,” y que la persona que la cumpla “será percibida por la sociedad como cándida o estúpida”.

En la década de 1990, la globalización debilitó a los organismos estatales en medio de una agresiva ofensiva neoliberal. Sin embargo, también difundió las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, sin las que no podría explicarse el empoderamiento de un mandatario que enfrenta un Congreso adverso -reacio al cambio y hasta cierto punto representativo de los males sociales que se busca erradicar- y que sólo cuenta en su favor con las convocatorias y movilización de diversos colectivos civiles.

Es por eso que, al día de hoy, debido a la alianza entre el gobierno y la ciudadanía, el Perú ha dado sus primeros pasos en el camino hacia una #DemocraciaDisputable, en la que la sociedad empoderada, cautele vigilante la correcta labor del Estado que consiste en “promover un conjunto de capacidades básicas para la independencia personal de cualquier individuo”. Perseveremos en el empeño.

Nota:

Los entrecomillados corresponden a Ortiz Leroux, Sergio. En Defensa de la República. Lecciones de teoría política republicana. México, Ediciones Coyoacán, 2014.