Hace casi tres décadas, el destacado historiador Alberto Flores Galindo publicó el ensayo “república sin ciudadanos” en el que analizó los orígenes y evolución del discurso racista en la sociedad peruana. En sus páginas, el desaparecido y entrañable hombre de letras sostuvo que el racismo peruano es heredero del orden colonial que dividió la población en españoles e indios. Señaló además que la independencia consolidó a las élites blancas en el poder por lo que la naciente república optó por mantener a la mayoría indígena al margen de la participación política. De todo ello se desprende el título de su análisis pues la república que fundamos en 1821 inició su recorrido sin su protagonista principal: el ciudadano. 

Por razones distintas tanto que similares, en estas líneas voy a defender la tesis de que el Perú sigue siendo una república sin ciudadanos porque esto es lo que veo en el día a día de mi labor profesional que se desarrolla en las aulas universitarias. Yo siempre he rechazado las críticas dirigidas a estudiantes que no poseen una sólida formación conceptual, pero aquello no obsta que podamos realizar un diagnóstico de la situación.

Parecerá que cambio de tema pero no debe sorprendernos que Nadine Heredia lidere las encuestas presidenciales para el 2016 -en las que se supone que no puede postular- ni que Alberto Fujimori goce hasta el día de hoy de gran aceptación. Sorprendente sería lo contrario en un país que sigue produciendo caudillos que “patrimonializan” el Estado para encausar multitudinarias clientelas políticas. Por eso tampoco puede sorprendernos el recuerdo de cien mil personas, la noche del 5 de abril de 1992, vociferándole al hoy preso ex dictador que gobierne sin parlamento si, por lo general, un universitario de primer año, de cualquiera de las mejores universidades privadas de Lima, no logra definir algunos de los siguientes conceptos: república, democracia, ciudadanía, Estado, liberalismo político, constitución, división de poderes, gabinete etc.

Entendámonos con un sencillo ejemplo: en una república compuesta de ciudadanos es inaceptable que una autoridad nacional o local coloque su nombre en cada una de las obras que ejecuta la jurisdicción que él representa. Lo es porque en ese caso -que no es el nuestro- el ciudadano sabe que esa es la labor que le corresponde realizar a dicha autoridad y sabe además que no la realiza de su peculio sino de los impuestos que paga el mismo ciudadano o de otros ingresos tales como canon o regalías. Más bien, el ciudadano se pronuncia si y sólo sí la autoridad incumple la labor para la que fue elegida.

Refresquémonos con otro ejemplo simple: ¿ha visto Ud. como los peatones en nuestras ciudades retroceden aterrorizados ante el vehículo, incluso cuando hay colocados semáforos peatonales y la luz verde les está indicando que tienen el pase? En otras palabras, si en la calle no existe la mínima consideración por el otro o el vecino, es decir, el ciudadano, el igual en derechos y en deberes ¿cabe esperar que las multitudes tomen las calles para defender la democracia o que, al contrario, no las invadan para aclamar al caudillo cesarista que restableció alguna sensación de orden?

Volviendo a Flores Galindo, o a los historiadores, o a los imaginarios, o a los mitos urbanos, yo siempre escuché el estribillo de que las élites preferían no invertir en educación pues una población mejor instruida es más difícil de someter. Parece mentira pero con conciencia de ello o sin ella, este boyante y recientemente enriquecido Perú sigue siendo uno de los países con menor inversión y peor nivel educativo del planeta. La conclusión que se desprende es tautológica, un país cuyos nacionales no saben que es la democracia no está preparado para defenderla; un país así –como el nuestro- sigue siendo una república sin ciudadanos, como lo fue en el siglo XVIII y en 1821, como lo será hasta que queramos que así sea.